1. Panorama de la evaluación de programas y políticas educativas en Latinoamérica y el Caribe (LAC)

1.1 ¿La revolución de la evidencia?: tendencias globales y su influencia en LAC

Durante las últimas décadas, el campo de la evaluación ha atravesado una transformación profunda a nivel global. Tal como plantea Howard White (2019), este proceso puede entenderse a través de cuatro grandes olas que han marcado el desarrollo de una “revolución de la evidencia”: desde la incorporación de indicadores de resultados en la gestión pública, pasando por la expansión de las evaluaciones de impacto rigurosas, hasta la consolidación de revisiones sistemáticas y la creciente institucionalización del uso de evidencia en las decisiones de política pública.

Estas transformaciones no han sido lineales ni homogéneas, pero reflejan una evolución general hacia un modelo más estructurado, riguroso y orientado al uso de la información para mejorar las políticas. En particular, la cuarta ola, centrada en el uso práctico de la evidencia por parte de tomadores de decisiones, representa un desafío aún pendiente en muchos contextos, especialmente en regiones como América Latina y el Caribe, donde la distancia entre el conocimiento producido y su aplicación efectiva en la gestión pública continúa siendo un obstáculo relevante.

En este contexto global, América Latina ha transitado su propio proceso de institucionalización de la evaluación, influenciado por estas tendencias internacionales, pero también moldeado por sus particularidades políticas, históricas e institucionales. En este sentido, a lo largo del siglo XXI, la evaluación de programas y políticas en la región ha experimentado avances significativos, aunque su consolidación como herramienta efectiva para la toma de decisiones enfrenta todavía diversos desafíos.

Ahora bien, a pesar de que en la actualidad existe un mayor interés por parte de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en la generación de evidencia que permita mejorar la gestión pública (Székely, 2016), la institucionalización de estas prácticas ha sido desigual, lo que limita su impacto real en la formulación y ejecución de políticas (Arias et al., 2024).

Uno de los principales avances ha sido la creciente sistematización de los procesos de evaluación. En el pasado, la escasez de evidencia limitaba la capacidad de los gobiernos para comprender el impacto de sus intervenciones sociales. Sin embargo, en los últimos años ha emergido una práctica evaluativa más estructurada, sobre todo a partir del mayor desarrollo de las evaluaciones de impacto y de resultados. Paralelamente, se han establecido sistemas nacionales de monitoreo y evaluación en varios países, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y mejorar la planificación presupuestaria (Arias et al., 2024).              

No obstante, diversos estudios advierten que el uso de los resultados sigue siendo limitado: con frecuencia, las recomendaciones derivadas de las evaluaciones no se implementan, lo que reduce su potencial transformador (Velásquez, 2016; Pignatta, 2015).

Otro desafío persistente en la región tiene que ver con la forma en que se conciben y utilizan las evaluaciones. En muchos casos, su implementación responde más a una lógica de control externo que a una preocupación por el aprendizaje institucional. Esto puede generar resistencia entre los actores involucrados y disminuir la utilidad práctica de la evaluación, así como también generan resistencias en las comunidades (Pérez y Maldonado, 2015).

En la Tabla presentada a continuación, podrás revisar las olas de revolución de la evidencia propuestas por White (2019). 

Tabla 1. Las cuatro olas de la ‘revolución de la evidencia’

Fuente: Adaptado de The twenty-first century experimenting society: the four waves of the evidence revolution. White, 2019. 

1.2 El proceso de institucionalización de la evaluación en LAC

Los sistemas de seguimiento se encuentran en constante transformación (Pérez y Maldonado, 2015). Desde la década de 1990 se han comenzado a institucionalizar sistemas de evaluación nacionales en diferentes países de la región. Estos sistemas han transitado por diferentes desafíos y se han planteado interrogantes sobre las formas en que se hace uso de la evaluación y de la evidencia dentro de las políticas gubernamentales (Arias et al., 2024). Una mirada global sobre la evolución de los sistemas nos ayuda a comprender la complejidad de los procesos de instalación a nivel gubernamental. Pese a las diferencias en cada etapa de desarrollo, la integración de la evaluación como herramienta estratégica para las políticas públicas se ha desarrollado en todos los países de la región.  

La siguiente Tabla resume la evolución de los sistemas de evaluación nacionales, destacando los principales hitos y desafíos que han marcado su desarrollo.

Tabla 2. Evolución de los sistemas de evaluación nacionales en América Latina y el Caribe

Fuente: Adaptación con base en El estado de la educación en América Latina y el Caribe 2024: la medición de los aprendizajes. Arias et al., 2024; y Sobre el desarrollo de los sistemas de evaluación en América Latina y El Caribe. Feinstein, 2015.

 1.3 Sistemas nacionales de monitoreo y evaluación: evolución y experiencias en LAC

Los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación (M&E) están compuestos por organismos, normas, metodologías y plataformas de datos, que han sido diseñadas para hacer un seguimiento continuo o monitoreo a los indicadores de logro, así como también realizar evaluaciones periódicas, que permitan valorar el diseño, la implementación y los resultados de las políticas y programas públicos en diversos ámbitos, entre ellos, la educación. Estos sistemas contribuyen a la institucionalización de la evaluación, ya que crean mecanismos formales y permanentes para generar, sistematizar y usar la evidencia en la toma de decisiones (Pérez y Maldonado, 2015). 

A lo largo de las últimas tres décadas, los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación (M&E) han experimentado una institucionalización gradual y progresiva que los ha llevado desde un panorama de evaluaciones aisladas, encargadas a consultores externos, hacia marcos permanentes de gestión pública, con unidades y estructuras dedicadas específicamente a M&E dentro de las administraciones estatales (Burdescu, del Villar, Mackay, Rojas, y Saavedra, 2005). 

El siguiente cuadro sintetiza algunos de los sistemas de monitoreo y seguimiento de la región, específicamente aquellos de dependencia estatal y/o gubernamental y que han alcanzado un nivel importante de desarrollo en 6 países de América Latina. 

Tabla 3. Sistemas nacionales de M&E en países de LAC.

Fuente: Panorama de los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación en América Latina. Pérez. & Maldonado (Eds.), 2015.

Esta transformación no sólo ha ampliado el alcance de la evaluación, sino que ha incorporado a una diversidad de enfoques y actores: al monitoreo continuo de indicadores de gestión se ha sumado la realización de evaluaciones de impacto y de resultados, convocando no sólo a ministerios, organismos de planificación y contralorías, sino también a agencias especializadas en diferentes sectores fuera del aparato estatal (Banco Mundial, 2013).

Paralelamente, la consolidación de capacidades técnicas se ha convertido en un desafío permanente. Si bien se ha avanzado en la formación de recursos humanos en metodologías rigurosas, la sostenibilidad financiera de estos equipos y la renovación continua de sus competencias siguen dependiendo de fondos fluctuantes y proyectos específicos (Pérez y Maldonado, 2015).

Finalmente, a pesar del notable crecimiento en la producción de datos y estudios evaluativos, su uso efectivo para ajustar o rediseñar políticas públicas continúa siendo limitado. Esta brecha entre la generación de evidencia y su aplicación práctica evidencia la necesidad de fortalecer los canales de comunicación y los espacios de diálogo entre evaluadores y tomadores de decisiones, de modo que los hallazgos puedan traducirse en acciones concretas que mejoren los programas y políticas en la región (Burdescu et al., 2005).

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