2. ¿Por qué y para qué evaluamos las intervenciones educativas?

La evaluación en el ámbito educativo puede cumplir diferentes propósitos. Como hemos visto hasta ahora, el valor de la evaluación reside en su capacidad para adaptarse a diversas necesidades, momentos y actores dentro del sistema educativo. De esta manera, evaluar no siempre significa lo mismo, ni se realiza para los mismos fines.

Por eso, comprender sus objetivos y distinguir claramente sus usos es esencial para que los resultados sean significativos, pertinentes y aprovechados en su máximo potencial. 

A modo de ejemplo, algunos usos de la evaluación de políticas y programas en el ámbito educativo, incluyen:

Estos ejemplos muestran que los fines y usos de la evaluación pueden variar ampliamente según quién la impulsa, el contexto en el que se implementa y las decisiones que se espera orientar a partir de sus resultados. Por ello, distinguir entre los fines y los usos de una evaluación no es simplemente una cuestión técnica, sino una condición fundamental para garantizar su relevancia y utilidad.

El tipo, nivel y profundidad de la información requerida, así como el enfoque del análisis, no serán los mismos para un ministerio que formula políticas públicas, un equipo docente que busca mejorar sus prácticas pedagógicas o una comunidad educativa interesada en fortalecer los aprendizajes y el bienestar de sus estudiantes en distintas dimensiones.

Además, el uso efectivo de los resultados está directamente condicionado por el diseño de la evaluación. Si no se define con claridad qué se pretende conocer, los hallazgos pueden resultar poco pertinentes, ser malinterpretados o incluso quedar sin uso por parte de los equipos que impulsan el proceso.

⚠️ Una evaluación sin un propósito claro puede ser contraproducente: genera desconfianza, puede usarse con fines punitivos o reforzar desigualdades si no se interpreta considerando su contexto y no se acompaña de acciones concretas de mejora. En el Módulo 3: El alcance de una evaluación, abordaremos en mayor detalle estos aspectos.

Algunos propósitos de la evaluación

A continuación, revisaremos algunos de los usos más típicos de la evaluación de políticas y programas educativos, reconociendo sus diferencias y puntos en común, y su potencial en el marco de la transformación educativa.

Cuando nos preguntamos por qué evaluar, podemos mencionar al menos dos propósitos clave: el aprendizaje y la rendición de cuentas.

• En el primer caso, estamos hablando de una evaluación formativa.
  • Esta evaluación se centra en el proceso y en cómo los hallazgos pueden utilizarse para ajustar y mejorar el diseño e implementación de la intervención en tiempo real.
  • Por lo tanto, se busca generar aprendizajes que permitan mejorar el diseño, la implementación y los procesos de la intervención mientras esta se encuentra en curso.
  • Una evaluación formativa es especialmente útil cuando se quiere comprender qué funciona, para quién y en qué contexto, permitiendo a los equipos adaptarse rápidamente y maximizar su impacto.

• En el segundo caso, se trata más bien de una evaluación sumativa.
  • Esta se utiliza para valorar cómo ha funcionado una política, programa o proyecto, con el objetivo de determinar si ha sido efectivo, eficiente o ha generado el impacto esperado una vez que ha finalizado o alcanzado una fase significativa, y fundamentar decisiones sobre su continuidad, modificación o finalización. Así, este tipo de evaluaciones se centra más tradicionalmente en los resultados.
  • Además, este tipo de evaluación es crucial para justificar el uso de recursos, fortalecer la transparencia y respaldar decisiones estratégicas.

En breve te contaremos más en profundidad sobre estos propósitos de la evaluación, utilizando además casos prácticos que muestran su uso y relevancia, pero antes, te invitamos a revisar el siguiente recuadro, en donde te contamos sobre las evaluaciones formativas y sumativas.

Evaluación para la rendición de cuentas

La evaluación con fines de rendición de cuentas parte de la premisa de que las políticas y programas educativos deben ser transparentes frente a las administraciones públicas, las comunidades involucradas y las entidades financiadoras (Collins et al., 2017). Su propósito principal es generar información relevante sobre los efectos e impactos que estas intervenciones tienen en la población beneficiaria.

Esta función siempre debe ir más allá del simple cumplimiento de requisitos institucionales o normativos. Representa un compromiso ético esencial: implica asumir la responsabilidad por las decisiones adoptadas, justificar el uso de recursos públicos o privados, y garantizar que los servicios ofrecidos sean pertinentes, eficaces y de calidad para quienes están destinados a recibirlos. Este principio cobra especial relevancia en contextos como América Latina y el Caribe, donde los recursos destinados a la educación son escasos. En tales escenarios, cada decisión debe sustentarse en un análisis cuidadoso orientado a maximizar el impacto social, promoviendo un uso eficiente, estratégico y ético de los recursos disponibles.

En este marco, es importante distinguir la evaluación para la rendición de cuentas de una auditoría. Mientras que la auditoría se centra en verificar la legalidad y regularidad del uso de los fondos, la rendición de cuentas pone el énfasis en la eficacia y el impacto de las acciones implementadas (Collins et al., 2017).

Lecciones desde la práctica

Evaluar para el aprendizaje y la mejora continua

Evaluar para el aprendizaje es un enfoque integrador, que se orienta a generar información útil que permita a quienes implementan un programa o política comprender si la intervención está funcionando, identificar qué dimensiones se ejecutan adecuadamente, cuáles requieren ajustes y cuáles podrían estar generando efectos no previstos (positivos o negativos) en la población beneficiaria (Treasury, 2020). Estos aprendizajes son valiosos tanto en las etapas iniciales como a lo largo del desarrollo y tras la finalización de la implementación.

Desde esta perspectiva, la evaluación no se limita sólo a medir resultados, sino que se convierte en una herramienta para comprender en profundidad los procesos y orientar decisiones informadas. Según Collins et al. (2017), la Evaluación para el Aprendizaje cumple con al menos tres funciones clave:

• Establecer con claridad el impacto de las iniciativas en sus beneficiarias/os.
• Supervisar y revisar periódicamente las acciones implementadas y su forma de ejecución, con el fin de promover mejoras continuas.
• Planificar el futuro de la intervención, ofreciendo orientaciones basadas en la evidencia para continuar, ajustar o rediseñar lo que se está haciendo.

Esta lógica busca responder preguntas esenciales: ¿qué funciona, para quién, cuándo y cómo? Además, los aprendizajes generados —incluso aquellos derivados de intervenciones que no alcanzaron sus objetivos— pueden compartirse para enriquecer el diseño de futuros programas y evitar la repetición de errores (HM Treasury & Evaluation Task Force, 2020). En línea con esta visión, desde SUMMA promovemos el enfoque de evaluación para la mejora, una propuesta que profundizaremos más adelante.

En resumen, mientras que las evaluaciones formativas son herramientas para aprender y mejorar en el camino, las evaluaciones sumativas son instrumentos para medir resultados y rendir cuentas sobre lo alcanzado. Ambas son esenciales para asegurar que las intervenciones logren un impacto significativo y sostenible.

Estas múltiples funciones responden a distintas necesidades y actores dentro del sistema educativo: desde autoridades ministeriales y equipos técnicos, hasta docentes, directivos escolares y comunidades educativas. A continuación, revisaremos los principales actores que participan en las intervenciones educativas y sus correspondientes evaluaciones.

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